Género y  pobreza: dos fenómenos que demandan una mirada desde la psicología jurídica

Mónica Baeza Leiva; Isnel Martínez Montenegro

Tema 9- Género y pobreza: dos fenómenos que demandan una mirada desde la psicología jurídica

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Género y pobreza: dos fenómenos que demandan una mirada desde la psicología jurídica

Gender and poverty: two phenomena demanding a sight from the juridical psychology

MSc. Mónica Baeza Leiva, MSc. Isnel Martínez Montenegro

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco. Chile.

RESUMEN

En la investigación se realizó un análisis sobre la base de dos aspectos relacionados entre sí: los avances y dilemas conceptuales presentes en la articulación de los estudios de género y pobreza, y los desafíos que surgen con respecto a la formulación y aplicación de las políticas públicas que se implementan para disminuir sus efectos. En este sentido, se efectuó una revisión cronológica de las políticas públicas implementadas en Chile y Cuba en los últimos 25 años, con el objetivo de destacar los aspectos que son determinantes en la disminución de los índices de pobreza femenina. Además, se esbozaron los resultados de los estudios científicos de las dos últimas décadas referentes a la feminización de la pobreza en la región y se recopilaron los datos necesarios, para que desde la aplicación de la metodología de las Ciencias Sociales y en específico de la Psicología jurídica, lograr una contribución al mejoramiento de las funciones de los actores jurídicos y su rol de asesores en las cuestiones propias de la disciplina.

Palabras clave: género, pobreza, políticas públicas, psicología jurídica.

ABSTRACT

In the research, we made an analysis based on two inter-related aspects: advances and conceptual dilemmas that are present in the articulation of the studies of gender and poverty, and the appearance of challenges related with the formulation and application of public policies implemented to reduce their effects. In this sense we carried out a chronological review of the public policies implemented in Chile and Cuba in the last 25 years, with the aim of highlighting the aspects that are determinant for decreasing the indexes of feminine poverty. We also exposed the results of the scientific studies of the last two decades referred to poverty feminization in the region, and gathered the necessary data for making a contribution to the improvement of the juridical authors´ functions and their role of advisers in questions related to the matter, from the application of the Social Sciences methodology, specifically the juridical psychology.

Key words: gender, poverty, public policies, juridical psychology.

INTRODUCCIÓN

En la implementación de acciones para lograr la igualdad de género se destaca en el ámbito latinoamericano la realización de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador. Allí se firmó el referéndum “Consenso de Quito”, que incluyó un importante número de medidas dirigidas a intensificar la participación pública de las mujeres.⁽¹⁾ En el mismo se describe la relación entre violencia y discriminación, reconociendo que la violencia de género es una forma de discriminación, la cual, a su vez, provoca situaciones estructurales de violencia de género.

En este sentido se inicia el informe con la presencia de la historicidad de este fenómeno y el reflejo de las desigualdades de poder que existen entre los géneros. Además, se alude a la discriminación como un mecanismo para mantener a las mujeres en una situación de subordinación y opresión, al tiempo que se enmarca la necesidad de definir de manera clara y comprensiva lo que significa la violencia contra las mujeres en la actualidad.

De esta manera, se tiene presente la voluntad expresa de los países de la región en adoptar políticas públicas sobre igualdad de género. Se han verificado adelantos en materia de erradicación de la violencia contra la mujer, al dictar leyes que tipifican como delito las conductas que atenten contra la vida e integridad de la mujer solo por el hecho de serlo; en materia de participación en la toma de decisiones en la esfera pública por parte de la mujer; y en la disminución de las brechas entre hombres y mujeres respecto al acceso al mercado laboral, al adoptar normas que facilitan el acceso de las mujeres, estableciendo incentivos a los empleadores y medidas para la protección de la maternidad, entre otras.⁽²⁾

El objetivo de este artículo es valorar elementos actuales sobre la manera en que se aborda la feminización de la pobreza en Chile y Cuba, a través del bosquejo de las políticas públicas implementadas por ambos países en los últimos 25 años, y de la aplicación de los elementos que se brindan desde los estudios de la psicología jurídica y el derecho.

En esta investigación se exhibe en un primer acápite el reto que implica la definición y medición de la pobreza, así como recientes aproximaciones de los análisis multidimensionales de la misma. Asimismo, se explica la relación entre pobreza y género y su vinculación de manera inexorable con sus principales determinantes. Finalmente, el tercer apartado incluye algunas reflexiones que señalan la relevancia de diseñar políticas públicas que identifiquen los determinantes de la vulnerabilidad a la pobreza derivados de cuestiones de género y su tratamiento desde la psicología jurídica.

Se considera que la psicología jurídica tiene una especial importancia en la sociedad y esto se debe a que su enfoque se dirige a la solución de problemáticas psicológicas que surgen en el ámbito jurídico. La evaluación de las presunciones que se encuentran en la ley, los sistemas legales, los procesos jurídicos, el efecto de los mismos y de las políticas públicas es necesario porque la mayoría de los programas gubernamentales encaminados a la solución de problemas sociales se basan en este tipo de argumentos, que no necesariamente son válidas desde un punto de vista científico. Y esto ha provocado que muchos programas de intervención y tratamiento para diferentes sectores de la población fallen o no se obtengan los resultados esperados, desperdiciando recursos humanos y físicos. La investigación que lleva a cabo la presente disciplina pudiera ayudar a dimensionar estos recursos para obtener mejores resultados en la implementación de políticas públicas y en los estudios de la pobreza desde una perspectiva de género.

DESARROLLO

Algunas consideraciones sobre la medición de la pobreza

A 20 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha realizado un análisis de los avances que en materia de igualdad de género se han verificado en la región. Sobre la base del Informe regional de examen y evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y el documento final del vigesimotercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en los países de América Latina y el Caribe, se reconoce un progreso en esta materia aunque heterogéneo e insuficiente.⁽³⁾

En general, determinar la pobreza implica pensar hasta qué nivel la insatisfacción de ciertas necesidades es tolerable, y desde qué momento su insatisfacción se transforma en intolerable. Mirado desde otro punto de vista, determinar la pobreza significa determinar el grado de bienestar al que aspira toda persona; si encontramos personas que no logran ese nivel de bienestar, estamos hablando de personas en situación de pobreza.

Para determinar el grado de insatisfacción tolerable o el grado de bienestar esperable, se señala que esta determinación no se nos presenta como algo natural y derivable de la naturaleza de las cosas. La determinación de la pobreza se basa en un juicio de valor, donde las normas determinan cuáles son las necesidades básicas y cuál es el nivel esperable de satisfacción de estas. Así, se concluye que: “La definición de pobreza que se adopte responde, ya sea en forma explícita o encubierta, al conjunto del esquema valorativo de quienes la formulan”.⁽⁴⁾ Justamente, se ha sostenido un concepto de pobreza relativa, dependiente de la realidad social donde se dicta la norma que la determina, y una dimensión absoluta de la pobreza, que más bien se relaciona con la dignidad de todo ser humano, independiente de su realidad social.⁽⁴⁾

La determinación de este nivel de bienestar clásicamente se ha hecho considerando los ingresos monetarios por hogar y por persona. La línea de la pobreza considera la satisfacción de las necesidades básicas, siendo esta expresión una expresión abierta que permite adecuar su contenido a las valoraciones de una sociedad determinada. Bajo esta línea de pobreza se determina la extrema pobreza.

El concepto de pobreza y, por tanto, sus sistemas de medición, han sufrido en los últimos tiempos un desarrollo conceptual importante. Este desarrollo se ha debido al reconocimiento que la pobreza es un fenómeno social con múltiples causas y múltiples dimensiones. No es solo el nivel de ingresos lo que determina ser o no pobre. Así, dentro de las necesidades básicas se considera hoy día, todo lo necesario para el real disfrute de los derechos reconocidos universalmente.

Muchos de los países de América Latina y el Caribe están utilizando en sus mediciones de pobreza un enfoque multidimensional, incluyendo en él, como una de las variables, el enfoque de ingresos. La CEPAL plantea una definición más actual de la pobreza que comprende este enfoque multidimensional y señala que es “el resultado de un proceso social y económico —con componentes culturales y políticos— en el cual las personas y los hogares se encuentran privados de activos y oportunidades esenciales por diferentes causas y procesos, tanto de carácter individual como colectivo, lo que le otorga un carácter multidimensional”.⁽⁵⁾ Por lo tanto, la pobreza comprende dimensiones subjetivas que van más allá de la subsistencia material.

En Chile, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN 2013, incluyó un enfoque multidimensional al medir la pobreza reconociendo que el bienestar, las necesidades y la situación de pobreza de los chilenos no solo depende de contar con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica, sino que también depende de la satisfacción de sus necesidades y ejercicio de derechos en las áreas de educación, salud, trabajo y seguridad social, y vivienda.⁽⁶⁾

En el caso de Cuba, la situación de la pobreza está matizada por diferentes factores internos y externos que afectaron la economía nacional y se acrecentaron a partir de la década de los noventa del pasado siglo.⁽⁷⁾ En la actualidad, se encuentra en ejecución un nuevo modelo económico, con el objetivo de crecer en cuanto a los indicadores del producto interno bruto en un índice entre el 5 y el 7 % anual, con una tasa de acumulación entre el 25 y 30 % en los años iniciales de este reajuste, y así poder solventar las carencias que en materia de pobreza y de forma generalizada existen en el país.⁽⁸⁾

Entender la pobreza ya no como una calidad permanente sino un estado donde múltiples factores determinan el nivel de bienestar, ha dado paso a nuevos sistemas de medición de la pobreza que se revisarán a continuación.

Pobreza y enfoques de género

Las actuales metodologías de medición de la pobreza ya han superado la medición centrada únicamente en los ingresos por persona o por hogar, y han transitado a una medición multidimensional de la pobreza. También se incrementan los efectos cuando quien sufre este tipo de prácticas pertenece a dos categorías vulnerables, es decir, se ve expuesto a discriminaciones múltiples.⁽⁹⁾ Por ejemplo, si quien sufre alguna forma de violencia es mujer con responsabilidades familiares a su cargo, o es pobre; o tiene una orientación sexual que no responde a los parámetros socialmente aceptados y es pobre, o de una raza o nacionalidad diferente. No resulta ocioso recordar que en toda conducta discriminatoria hay implícito un prejuicio segregacionista; es decir, consciente o inconscientemente, quien discrimina lo hace por considerar a la otra persona inferior en virtud de su pertenencia a una específica categoría o por tener ciertos caracteres.⁽¹⁰⁾

Este enfoque multidimensional considera las numerosas y variadas causas de la pobreza. Así, el ingreso por persona o por hogar no es el único criterio para medir la pobreza, sino también lo es la salud, la educación, el acceso a tecnologías, etc. Considerar estas dimensiones visibiliza la pobreza que con la medición basada solo en el ingreso, se mantenía por sobre la línea de la pobreza. Hoy día se consideran no tan solo las necesidades medibles materialmente, sino también las que otorguen la satisfacción del bienestar de las personas. Así, la pobreza existe aun cuando los ingresos por persona o por hogar superen una determinada línea, debido a la insatisfacción de ciertas necesidades que no dicen relación con los ingresos por cada persona. Por eso se sostiene que estos nuevos sistemas de medición de la pobreza visibilizan la pobreza que la medición por ingresos mantiene oculta.

Varios enfoques para comprender la pobreza como un fenómeno multidimensional han sido propuestos. Podemos señalar un enfoque monetario, de las capacidades, de la exclusión social y el participativo.

El enfoque monetario define la pobreza como un descenso del consumo o del ingreso. Es el enfoque más común o tradicional de la medición de la pobreza. Por su parte, el de capacidades, considera que el bienestar está determinado por la libertad de los sujetos para desarrollar plenamente sus capacidades. De esta forma, para la superación de la pobreza se deben detectar cuáles son las capacidades necesarias cuyo desarrollo libre por cada persona contribuye al bienestar de la misma. Sin duda, la capacidad de percibir cierto monto de ingresos permitirá el bienestar de las personas, pero dicha capacidad no es el único factor. Este enfoque tiene un gran potencial en el sentido que permite incluir en esta medición incluso la salud reproductiva y la posibilidad de ejercer los derechos reproductivos por parte de las mujeres.⁽¹¹⁾ El enfoque de la exclusión social, detecta las estructuras sociales que impiden un acceso igualitario al bienestar. Analiza el acceso a las oportunidades de las personas para el logro de un disfrute igualitario al bienestar social pleno. Finalmente, el enfoque participativo supone la intervención de los propios pobres quienes analizan su realidad y determinan los aspectos que consideran significativos para el logro de su bienestar.

Al incluir en la medición el análisis de diversas dimensiones de la pobreza, aparecen factores que afectan a hombres y mujeres en forma diferente. Por ejemplo, la utilización del tiempo y su distribución en labores remuneradas fuera del hogar y labores de cuidado no remuneradas dentro del mismo, claramente son diferentes para hombres y mujeres. Nace así la necesidad de considerar la pobreza y su medición desde un enfoque de género.

Chile y Cuba, en el año 2000 suscribieron la Declaración del Milenio, cuyo objetivo es “promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo”. En este programa, los países firmantes se comprometieron al logro de ciertos objetivos: erradicar la extrema pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y promover la alianza mundial para el desarrollo.

En el año 2014, Chile informa que el primer objetivo relativo a la superación de la pobreza y de la extrema pobreza se ha logrado, pues logró reducir, entre los años 1990 y 2011, del 10,6 % a 0,6 % de pobreza en el país, cumpliendo con el objetivo mucho antes de la fecha fijada.⁽¹²⁾

Estas cifras auspiciosas, sin embargo, ocultan uno de los principales problemas sociales en Chile. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, señaló que Chile es el país miembro con más altos índices de desigualdad salarial de entre los 18 países de la organización, relevando, además, que presenta altos índices de pobreza infantil, existencia de trabajo informal y desigualdad de género. Es más, en el Índice de Desigualdad de Género del año 2014, Chile descendió desde el puesto número 46 al puesto número 87.⁽¹³⁾ En el informe del año 2013 del Foro Económico Mundial Chile descendía al puesto 91 desde el puesto número 64 que ocupaba el año 2009.⁽¹⁴⁾

Cuba, por su parte, en el año 2003 informó haber logrado el objetivo no. 1 de los Objetivos del Milenio, fundándose principalmente en un modelo social que no se centra en la medición de ingreso sino en el acceso y disfrute de los bienes y servicios que su política social otorga de forma gratuita y subsidiada a la población.⁽¹⁵⁾ Por ello, sus mediciones de pobreza complementan la técnica basada en ingresos con la medición de satisfacción de necesidades básicas que no son generalizadas a nivel de países de la región.⁽¹⁶⁾

A diferencia de lo que ocurre en Chile, Cuba se ubica en el lugar número 15 en la medición de la igualdad de género, según el informe del Foro Económico Mundial de 2013, mejorando su ubicación de 2009, que correspondía al puesto 29. Sin embargo, se reconoce que a pesar de los avances en la eliminación los patrones que se les adjudicaban socialmente “aún subsisten concepciones y estereotipos sexistas en la división sexual del trabajo, tanto en el ámbito social como familiar, que en ocasiones limitan el desarrollo y promoción de no pocas mujeres”.⁽¹⁷⁾

La pregunta es, entonces, ¿por qué las políticas públicas que se han implementado para superar la pobreza en Chile y en Cuba, en general, no han permitido superarla en igualdad para todos los ciudadanos?

Corresponde enfocar el caso de Cuba a través de las concepciones emanadas desde el patriarcado y que han regulado la conducta que deben seguir los hombres y mujeres en la sociedad, los preceptos que regulan las cuestiones de género y de la familia como ente nuclear, que en mayor o menor medida, se observan influenciadas por los dictámenes de esta cultura nacional heredada. Para comprender cuál es la esencia de la gran mayoría de los conflictos, es preciso conocer a profundidad las contrariedades que enfrentan los hombres y las mujeres, a partir de la construcción sociocultural de los roles de género que para ellos la sociedad establece.

Las demandas sociales exigen que la sociedad se despoje de los estereotipos de género que la cultura patriarcal impone para regir las conductas humanas. El ejercicio de la psicología del derecho nos indica cuánto es que influyen los estereotipos de género cuando se toman decisiones legales, no puede olvidarse que en el imaginario popular la madre constituye el centro afectivo del hogar, ella es a quien exclusivamente se le concede el derecho-deber de cuidar y velar por el desarrollo de sus hijos.

Esos estereotipos han venido sustentándose con expresiones como: “Madre hay una sola”, “Una mujer no está completa hasta que no sea madre”, “No existe nada como el amor de una madre”. En el fondo, cada una de esas expresiones, responden a una concepción machista de la maternidad, con la que se impone que ser madre es la principal función de una mujer.⁽¹⁾ En cambio, la paternidad en los roles de género se incorpora al acervo cultural como una figura desprovista de ternura, afecto, comprensión, e incapaz de transmitir sentimientos que históricamente se le han atribuido a la madre con respecto a los hijos.⁽¹⁸⁾

Políticas públicas y género

Las diferencias entre hombres y mujeres hacen necesario un tratamiento distinto en las problemáticas que afecten a cada uno. Estas diferencias deben ser recogidas a nivel de políticas públicas, donde las mujeres tengan un grado de participación en el diseño y ejecución de las mismas.

En los Estados modernos siempre se han presentado diferentes dificultades para la implementación de las políticas públicas cuando estas están dirigidas al desarrollo de la igualdad de género. Cuestiones como la escasa capacidad para formular propuestas que permitan enfrentar las desigualdades de género en la población pobre, debilidad en la institucionalidad de género, bajos presupuestos y los equipos técnicos y profesionales encargados de la ejecución.

Los organismos internacionales fueron los primeros en recoger la precaria situación de la mujer en los ámbitos público y privado, que fue relevada por los movimientos feministas de los años setenta. Hoy existen múltiples estudios a nivel internacional que indagan sobre la especial situación de la mujer.⁽¹⁹⁾

Los Estados deben adoptar medidas a nivel de políticas públicas con un enfoque de género, que reconozcan las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales que afectan a la mujer y que le impiden enfrentar el día a día en igualdad de condiciones con los hombres.

Al respecto, existe un estudio sobre experiencias de presupuesto con enfoque de género en América Latina.⁽²⁰⁾ Este estudio realiza un mapeo de las experiencias en países de América Latina sobre la inclusión del enfoque de género en la elaboración de presupuestos. Raquel Coello en su estudio analiza presupuestos nacionales y locales a nivel de municipios. Ella arribó a las conclusiones de que la mayoría de las experiencias las lideró el ejecutivo, se fundaron sobre presupuestos nacionales y no sectoriales, centrándose en la mujer como objeto de política fiscal, sin cuestionar el modelo económico utilizado (que no valora el trabajo de la mujer) sino que se limitaron a incluir medidas bajo la perspectiva de género. En este sentido, solo Costa Rica es el que reconoce como sesgo en los presupuestos la falta de reconocimiento del trabajo doméstico y su valorización.

En Cuba, el sistema público y las políticas sociales representa una exigencia del estado social y democrático de derecho diseñado en la Constitución, y tiene su expresión a través de la competencias plenamente asumidas por las administración pública, con la colaboración de las entidades locales, entidades administrativas más próximas a los ciudadanos y, por tanto, con más facilidad para asumir la promoción de cuantas acciones sean necesarias para favorecer su bienestar, el desarrollo de sus derechos y la prevención de las situaciones de discriminación de género.

La realidad sociológica de Chile y Cuba posee un denominador común, que se caracteriza en los últimos años por un progresivo envejecimiento de la sociedad, y, por ende, por un aumento del número de personas mayores. Hasta ahora, la atención de estas personas, tanto en el ámbito económico como en el personal y afectivo, ha venido siendo asumida por la familia, y en particular, por las mujeres, pero la estructura social ha experimentado una notable evolución en los últimos tiempos, y cada vez se hace más difícil mantener este tipo de atención, surgiendo conflictos variados en el ámbito familiar relacionados con esta situación y que se torna manifiesto en la temática analizada.

A esta realidad sociodemográfica hasta ahora escasamente atendida, de constante incremento de la población con edades avanzadas, se añade la creciente población con dificultades añadidas, como es el caso del grupo de personas con dependencia o necesidad de asistencia para la realización de actos cotidianos de la vida diaria, que reclama también un análisis y búsqueda de soluciones prácticas que resuelvan sus necesidades económico-jurídicas. Además, se evidencia que en este amplio grupo social se integran personas con algún tipo de discapacidad reconocida sea de tipo físico, psíquico o sensorial. En definitiva, la suma de estas situaciones puede conllevar como resultado final el abandono existencial del mayor o de la carga en el sexo femenino encargados por los propios estereotipos asumidos por la sociedad.

En el informe Gender at Work, del Banco Mundial,⁽²¹⁾ se sostiene que es necesario reconocer que en las políticas públicas deben adoptarse medidas considerando las distintas etapas en la vida de la mujer. Esto se debe a que hasta ahora se aprovecha la mitad del potencial productivo de la mujer. Así, en la niñez y adolescencia se deben adoptar medidas sobre acceso a la educación y capacitación, contemplando incentivos para ello y asegurando un acceso igualitario para hombres y mujeres; en la adultez, deben adoptarse medidas para asegurar la igualdad de acceso al trabajo, eliminando las barreras de acceso (reales o de hecho), alentar la propiedad que la mujer pueda tener sobre bienes, especialmente tierras, y aplicar leyes equitativas en materia sucesoria. Se sugieren políticas de flexibilidad adaptadas a las condiciones familiares, programas de atención infantil e infraestructura para el desarrollo de las actividades domésticas mayoritariamente asumidas por las mujeres. Fundamental resulta asegurar el acceso equitativo a los activos y los servicios financieros. Para las mujeres de mayor edad, se sugiere que la edad para jubilar sea la misma para hombres y mujeres, y que existen sistemas de protección, además de adoptar leyes laborales que no desalienten a aquellas mujeres que desean seguir trabajando por sobre la edad para jubilar.

Frente a este contexto, se requiere un Estado con capacidad para implementar políticas públicas que contribuyan a la generación de ingresos por parte de las mujeres y a la reducción de las brechas de género en el mercado laboral y al interior de los hogares. El objetivo de reducir la pobreza paralelamente a una reducción de las brechas exige políticas integrales con enfoque de género. La integralidad debe considerar los factores económicos que obstaculizan la autonomía económica de las mujeres pero también los demográficos y socioculturales.

De ahí la importancia de generar mayores posibilidades de empleo para las mujeres, que les permitan acceder a recursos monetarios y fomentar su autonomía económica. Para ello es necesario que las políticas de desarrollo económico asuman como objetivo la generación no solo de la plaza desde el punto de vista laboral sino de la satisfacción de las necesidades a través del desempeño laboral de la misma.

Es decir, el aumento de la feminización de la pobreza no obstante la disminución de la pobreza en general, demuestra que el abordaje de las políticas públicas de igualdad de género no ha reconocido la convergencia en la mujer de diversas situaciones que al interactuar, crean una situación especial en ella. Es necesario trabajar en el desarrollo de las políticas encaminadas a superar la pobreza de las mujeres y a prevenir la violencia. Si bien en la actualidad se ha reconocido conceptualmente la vinculación de la violencia con la pobreza, falla la integración aún más de las medidas destinadas a prevenir la violencia y atender la feminización de la pobreza.

Psicología jurídica, género y pobreza: un tríptico necesario

La psicología jurídica aborda el estudio de las relaciones que se establecen entre el derecho y la psicología desde sus diferentes campos de acción: psicología judicial, criminal con enfoque en la víctima, la mediación, la materia laboral y familiar donde confluyen en esta última área los enfoques de género. En cada una de estas juegan un papel primordial los fenómenos conductuales y las relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas, mediante la utilización de métodos propios de ambas disciplina y con una intervención interdisciplinaria de las problemáticas y sus estudios.

En el campo de actuación de la psicología jurídica coexiste una subespecialidad que se dedica al tratamiento de los procesos que se suscitan en las relaciones jurídicas familiares de separación y divorcio, custodias, nulidad matrimonial, matrimonio de menores y adopción. En ellas, las investigaciones se centran en cada una de las instituciones que abordan los conflictos donde participa la familia como ente nuclear de la sociedad y de los enfoque de género que de sus situaciones se generan.

De esta forma, resulta indudable la importancia que se componen de los aportes que desde la psicología se realizan al derecho de familia. Aun cuando existen estudios con diferentes campos de actuación en Latinoamérica y Europa,^(22-25) esta rama es de incipiente desarrollo en la actualidad. Con respecto a Chile y Cuba, se puede decir que han existido algunos avances en el reconocimiento de la especialidad, y se ha contribuido desde diferentes perspectivas jurídicas, pero sin la observación interdisciplinar del asunto.

En este sentido, pudiéramos preguntarnos: ¿cuáles son las funciones que desde la psicología jurídica pueden aportar al mejoramiento de la feminización de la pobreza?, para hacer la revisión de aspectos como: la relación de las condiciones psicológicas que de los actores jurídicos se suscitan y su asesoramiento en las cuestiones propias de la disciplina. También es importante lograr un diseño de una estrategia de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los actores jurídicos, bien en la comunidad o bien en sus relaciones familiares, en cuestiones de género con esta intervención interdisciplinaria.

Una solución coherente sería entrenar a los profesionales del sistema legal chileno y cubano en cuanto a los contenidos y técnicas psicológicas útiles en su trabajo. De manera que converjan alternativas para solucionar los conflictos jurídicos y las cuestiones que en cuanto a la problemática de género se presentan en relación a la intensificación de la pobreza femenina, y se contribuya a disminuir los efectos del daño emocional y social que estos provocan.

De esta forma, realizar el fomento de alternativas para resolver de modo más racional los conflictos aprovechando la creación de fórmulas más racionales y disfrutar del manejo correcto de las relaciones interpersonales que no poseen una intervención solo legal, basada en un enfoque interdisciplinar que desde la psicología se complementa. Asimismo, se beneficia la libertad y la responsabilidad de las personas, y se inscribe en un proceso de democratización de la vida social, aceptando la diversidad y regulando los conflictos desde una óptica pacífica y constructiva del género.

Todos estos cuestionamientos deben conducir a los investigadores sociales y humanísticos a motivarse a participar desde sus ciencias en los enfoques múltiples de un mismo problema. Así se logrará encontrar los nuevos caminos de solución para la intervención del derecho, de modo que vaya a cubrir este las necesidades del ser humano en la generación de la justica y no solo de esta, sino de un acercamiento a lo más justo. A pesar de quedar camino por recorrer, estas opiniones pueden servir de comienzo para los investigadores chilenos y cubanos en la búsqueda de nuevos horizontes dentro del marco del trabajo intertidisciplinario y transdiciplinario de la actividad científica.

CONCLUSIONES

La situación de la mujer es muy distinta a la situación en la que se encuentra el hombre, pues hay muchas circunstancias que afectan su situación de forma especial. La situación de la pobreza en la que se encuentra la mujer y que le impide acceder al mercado laboral formal, debe ser visibilizada mediante sistemas de medición que reconozcan todos los factores que influyen en su especial situación.

Sin embargo, si el objetivo de las políticas es reducir la pobreza y las desigualdades, la concepción de la mujer en sus roles tradicionales y como un medio que provee eficiencia a las políticas debe ser superada. El eje de las políticas debe estar en la autonomía de las mujeres como un fin en sí mismo y esta autonomía a su vez facilitará lograr los objetivos del desarrollo.

Los países analizados declaran que los índices de pobreza y extrema pobreza, han disminuido considerablemente, sin embargo, en ellos aun se mantiene la desigualdad de género que afecta a la mujer, lo que puede explicarse en los patrones socioculturales de comportamiento, que sólo podrán ser removidos a través de políticas públicas y la labor permanente de los actores sociales con miradas desde las distintitas disciplinas del saber cómo es el caso del derecho y la psicología.

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Recibido: 26 de febrero de 2016.
Aceptado: 13 de septiembre de 2016.

Mónica Baeza Leiva. Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco. Chile. Correo electrónico: mbaeza@uct.cl

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